(…) Este martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que condenaba a las personas con una incapacidad a la “muerte civil”. “La persona con discapacidad va a poder elegir si quiere que su relación laboral se extinga o si quiere permanecer en el puesto de trabajo”, señaló la también ministra del ramo, que afirmó que, con esta medida, forzada por Europa, se “corrige la discriminación” que se venía produciendo hasta ahora. Pero la decisión es obligada, porque la sentencia europea ya ha sentado doctrina. Un juzgado de los social de Vigo ya se amparó en ella para condenar a una empresa por no reubicar a un trabajador en un puesto que pudiera desempeñar con su incapacidad. (…)
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las empresas deben intentar adaptar el puesto de trabajo a la persona con la declaración de incapacidad, si esta lo desea, y, si no es posible, tratar de ubicarla en otra posición.
(…) Es lo que la empresa de José hizo en un primer momento, que celebra que su caso vaya a cambiar la legislación laboral española. “Si puede ayudar a otros, ha valido la pena”, señala sobre su largo proceso, que se inició hace ya ocho años y que tenía casi olvidado.
